Experiencias de Alianzas Políticas de Gobiernos de Izquierda y Progresistas de AL: Los casos de Brasil, Chile y Uruguay.

Regional Andino Amazónica del Foro de Sao Paulo

Lima, 26 y 27 de julio

CHILE: 20 AÑOS DE “GOBIERNOS PROGRESISTAS” EN COHABITACIÓN BINOMINAL

Introducción

La ponencia que los Socialistas Allendistas presentamos en el Seminario internacional “Experiencias de Alianzas Políticas de Gobiernos de Izquierda y Progresistas de AL: Los casos de Brasil, Chile y Uruguay”, organizado por el Regional Andino Amazónica del Foro de Sao Paulo se basa en uno texto vigente hoy, en junio de 2010 en un Seminario internacional sobre las experiencias de gobiernos progresistas o de izquierdas en AL, organizado por la Fundación Rosa de Luxemburgo y el partido Die Linke.

Hoy bajo un gobierno de derecha como el de Sebastián Piñera Chile comienza a despertar de su letargo, del pensamiento único y del modelo neoliberal garantizado por un sistema binominal y una constitución que lleva la firma del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar.

Millones de jóvenes se movilizan creativamente exigiendo una educación pública y laica digna. Miles de chilenos rechazan proyectos impuestos por el sistema como los que se pretende instalar en la Patagonia con HidroAysén. Los trabajadores del cobre realizan un Paro nacional demandando la renacionalización del cobre. Los escándalos perpetrados la multitienda La Polar de estafa y abusos que afectan a miles de familias trabajadoras. Crecientemente miles ponen en cuestión el modelo económico vigente, profundizado durante los años Concertación, pidiendo su cambio y vinculándolo a la necesidad de una nueva Constitución política del Estado a través de una Asamblea Constituyente.

Nunca fue más necesario reflexionar sobre el balance de los años Concertación a la luz de los acontecimientos del presente que nos demuestran que Chile no era una excepción en nuestra América y de que otro Chile es posible.

Fin de un Ciclo

Luego de 52 años la derecha chilena triunfó electoralmente con su abanderado Sebastián Piñera. Se cierra así un ciclo político en la sociedad chilena, luego de 20 años de gobiernos liderados por Presidentes democratacristianos y socialistas provenientes de las filas de la Concertación de Partidos por la Democracia. Coalición que luego de 17 años de dictadura militar, asumiera el gobierno iniciando el proceso de transición democrática.

Para obtener la victoria, la derecha tuvo que disfrazarse, presentarse sin programa, mostrarse continuadora en lo esencial de los gobiernos concertacionistas. Pero la verdad es que las fuerzas de la derecha y los poderes facticos que le respaldaban no tuvieron que realizar un gran esfuerzo ya que la gran derrota sufrida por la Concertación no se expresa solamente en el ámbito electoral sino que ella es sistémica y por tanto tiene una dimensión profundamente cultural.

Lo señaló acertadamente en 1997, el sociólogo Tomás Moulian en su libro Chile: Anatomía de un Mito: la Concertación como coalición gobernante de las post dictadura abandonó desde sus inicios su programa de democratización y recuperación de la soberanía económica, legitimando y garantizando la reproductibilidad del modelo neoliberal impuesto por el pinochetismo.

El método de la operación transformista por la cual se construyó el tránsito de la post dictadura fue conceptualizado como "la democracia de los acuerdos" y sus principales y más emblemáticos impulsores tanto desde el ejecutivo como en el seno de los partidos miembros de la colación fueron, entre otros, los ex ministros Enrique Correa, Edgardo Boeninguer, Alejandro Foxley y José Joaquín Brunner.

En el gobierno del Presidente Eduardo Frei, el método adquirió un nuevo impulso al instalarse el horizonte de “la modernidad” como un propósito transversal. Es decir, un modelo de desarrollo basado en la privatización de la economía, la enajenación de nuestros recursos naturales, el privilegio a la inversión extranjera y la apertura externa en desmedro de la industria nacional.

Carlos Altamirano, ex Secretario General del Partido Socialista en tiempos de Allende, sostuvo con razón que el gobierno del Presidente Ricardo Lagos fue el mejor gobierno de centro derecha en la historia Republicana de Chile. Al terminar su periodo Lagos fue entusiastamente vitoreado por los grandes grupos empresariales y financieros. Una recauchada Constitución pinochetista lleva estampada su firma, aquella reforma autocalificada de “progresista”, terminó de legitimar el Estado subsidiario y la primacía de la propiedad privada y el capital.

En el seno de los gobiernos concertacionistas y en sus partidos, irrumpieron con influencia transversal representantes y lobistas de poderosos grupos económicos y financieros nacionales y transnacionales. Para perpetrar sus objetivos, exhibieron credenciales de izquierda o respetables trayectorias anti dictatoriales y continuaron militando, integrando centros de pensamiento o asesorando a ministros y parlamentarios para asegurar la reproducción del interés privado en la gestión del Estado.

El modelo chileno presentado como ejemplo de un cierto progresismo.

En su artículo ´¨Desigualdad Peligro Eminente´´ Roberto Pizarro, economista y ex Ministro de Planificación durante el gobierno de Frei, nos recuerda con razón que el cambio estructural en la organización económica e institucional de Chile se llevó a cabo antes que en el resto del mundo, convirtiéndose en referente positivo y señalado como modelo para el neoliberalismo.

La estrategia económica instaurada por la clase empresarial y sus economistas, con apoyo militar, fue reconocida positivamente y en lo esencial fue continuada por los gobiernos democráticos de la Concertación. En la práctica, el discurso del “crecimiento con equidad”, y las políticas públicas implementadas por los cuatro gobiernos de la Concertación, no se tradujeron en una modificación de la estrategia económica que inició el régimen militar.

La experiencia neoliberal chilena experimenta una importante diferencia con el resto de los países de América Latina. Después del periodo de destrucción de las bases productivas y de la organización social, política e institucional de la economía y sociedad chilena (1974-1983), se inaugura una fase de elevado crecimiento económico y modernización del país. Éste abarca desde 1984 hasta 1997, con una destacada tasa de aumento anual del PIB, superior al 6% anual.

Así las cosas, el elevado crecimiento económico permitió a los gobiernos concertacionistas reducir la extrema pobreza, pero no se materializó en una disminución de las desigualdades aumentando la concentración económica y empeorando de manera significativa la distribución del ingreso en el pais.

Mientras una cierta modernización y el crecimiento son una realidad en el Chile actual, las desigualdades se han acentuado.

Neoliberalismo y desigualdades

Las desigualdades no pueden explicarse sin entender la estrategia económica que le sirve de fundamento. Ésta, inspirada en el modelo neoliberal, ha permanecido prácticamente durante los gobiernos de la Concertación. Sus ejes centrales fueron

Apertura económica indiscriminada al mercado mundial

La apertura radical hacia el mercado internacional hizo perder vigor al sector industrial fundado en la demanda interna, permitiendo que el mayor dinamismo de la actividad económica se centrara en la producción y exportación de recursos naturales (cobre, forestal, pesca, agricultura moderna), bajo la dirección de los grandes grupos económicos locales y del capital internacional. Acrecentada la competencia internacional por la disminución de los aranceles y, en general, con la eliminación de medidas de protección para la industria interna, ésta se debilitó mientras los sectores productivos de bienes transables (que recibieron subsidios internos y programas de apoyo a las exportaciones) se modernizaron y llevaron a cabo mejoras tecnológicas y de productividad.

Se acentuó así la heterogeneidad estructural de la economía, con sectores de avanzada tecnológica, volcados al mercado internacional y sectores atrasados en condiciones de vulnerabilidad y centrados en el mercado interno. Esta heterogeneidad afectó estructuralmente a los micro, pequeños y mediano empresarios e industriales, mermando su capacidad productiva y de generación de empleos y llevando al extremo la informalidad. Por su parte, el sector moderno de la economía tiene escasa capacidad de generar fuentes de trabajo y sus políticas han aumentado la tercerización en los contratos lo que ha debilitado, a su turno, la posición negociadora de los sindicatos.

Estado subsidiario mínimo y exaltación del mercado.

Una concepción de Estado subsidiario reducido y limitado en sus capacidades para orientar la vida económica fundamentó la privatización de todas las empresas productivas. Al mismo tiempo, el Estado actuó con extrema debilidad para enfrentar la concentración económica, defender a los consumidores y trabajadores, proteger el medio ambiente y apoyar a los pequeños empresarios. Finalmente, la denominada neutralidad de la política económica significo entregar a las fuerzas del mercado la exclusiva responsabilidad del crecimiento favoreciendo así en la práctica a los sectores más poderosos.

La concentración patrimonial, una regulación insuficiente y la falta de direccionalidad de la política económica han sido factores de promoción de las desigualdades. Los grandes beneficiados por el Estado mínimo han sido los grandes grupos económicos locales y las empresas transnacionales, vinculadas ambas al sector moderno de la economía: minería; vale decir, los sectores forestal, pesca, agricultura de exportación, banca, comunicaciones y energía.

Política social y focalización

La política social abrió espacio de acción para que el sector empresarial ampliara sus actividades inversionistas en el área social. Nacieron así los sistemas privados de salud y previsión y se multiplicaron los establecimientos educacionales privados destinados a los hijos de familias de altos ingresos. Paralelamente, permanece bajo la responsabilidad del Estado una oferta de menor calidad de estos servicios, dirigida a los grupos de bajos ingresos. Atendiendo a las políticas de superávit fiscal, con escasas cargas impositivas a las empresas, el Estado se limito a focalizar los limitados recursos públicos en los sectores de extrema pobreza, renunciando a asumir y direccionalizar políticas sociales de universalidad.

La estrategia económica y la institucionalidad social, vigorosamente criticada por los sectores democráticos de centro e izquierda durante la oposición a Pinochet, no fueron modificadas durante los gobiernos de la Concertación. Es verdad que con el mayor crecimiento y el aumento del IVA Impuesto al Valor Agregado) en 1990, mejoró el empleo y la captación fiscal, lo que ayudó a la reducción de la extrema pobreza. Pero, el notable crecimiento económico de la década pasada no sólo no se distribuyo equitativamente; sino que por el contrario, generó una gigantesca concentración económica, nunca antes vista en Chile.

Concentración patrimonial

La concentración patrimonial ha sido y es la fuente primaria de la desigualdad en Chile. No sólo económica, sino social y con efectos políticos muy delicados. La revista Forbes sitúa entre las mayores fortunas del mundo a millonarios que encabezan los principales grupos empresariales del país, como los hijos del fallecido Andrónico Luksic, y Eleodoro Matte y Anacleto Angelini, ranking del que siempre estuvieron muy alejados los empresarios chilenos. Estos personajes y sus familias se convirtieron en ricos a nivel mundial, primero, gracias a la dictadura, y luego a las políticas económicas impulsadas bajo los gobiernos de la Concertación. No son los únicos que se han beneficiado de la apertura indiscriminada, de las privatizaciones, de un Estado timorato para regular y con “lo social” convertido en un negocio (AFP, ISAPRES, universidades y escuelas privadas). Junto a ellos los siguen otros grupos de millonarios en los que se encuentra Álvaro Sahie y el actual Presidente de la Republica Sebastián Piñera, al cual Forbes lo ubica en el número 437 de los millonarios más ricos del planeta con más de 2.200 millones de dólares. Junto a ellos, se sitúan también los grandes grupos capitalistas extranjeros aglutinados en la Telefónica, Enersis, Endesa, entre otros.

Por otra parte, la vinculación entre el poder económico y los medios de comunicación se profundizó durante los gobiernos concertacionistas, con incidencia política insoslayable.

El Grupo Matte controla la cadena de El Mercurio y el Grupo Saieh la cadena COPESA, ambas tienen además revistas y diarios repartidos a lo largo de todo Chile. El grupo Claro controla el canal televisivo Megavisión y el actual Presidente Piñera es propietario del Canal 11. En estas condiciones, el pensamiento único se ha instalado hegemónicamente como una visión incontrarrestable. Con desigualdad en la propiedad de los medios de comunicación, el pensamiento de derecha ha podido defender, prácticamente sin contradictores sustantivos, la institucionalidad económico-social que reproduce sus intereses y descalifica, oculta o ataca cualquier cuestionamiento a reformas que se le puedan introducir.

Profundización de las brechas en la distribución del ingreso.

Con la alta concentración patrimonial existente en Chile la mala distribución del ingreso se ha acentuó dramáticamente. Los informes sobre el Desarrollo Humano del PNUD y los informes del Banco Mundial sitúan a Chile entre los 10 países con peor distribución del ingreso en el mundo. Contraste irónico con la calificación que ubica a Chile entre los veinte países con mayor libertad económica y con un bajísimo riesgo país.

La desigualdad en Chile se agudiza a partir de 1974 con la implementación de las reformas neoliberales. Pero, se profundizo aún más durante los gobiernos de la Concertación. En efecto, en el 2003 el ingreso que captura el 10% más rico de los chilenos era 34 veces mayor que el que recibe el 10% más pobre; mientras que en 1990 la relación era 30 veces mayor.

Educación y desigualdad

En Chile la cobertura educacional es elevada con excepción de la educación preescolar. De manera que el problema educacional radica, en realidad, en la inmensa brecha de calidad entre la educación pública y la privada. O sea, la existencia de una educación para ricos y otra para pobres. En efecto, sólo el 8.5% de los estudiantes se encuentran en colegios particulares pagados y, por tanto la inmensa mayoría está inscrita en escuelas públicas o en privadas subvencionadas por el Estado.

En suma, la calidad de la educación es mala para el 90% de los niños y ella no varió en lo sustantivo durante los gobiernos concertacionistas. No lo es, sin embargo, para el 8,5 % de los niños de Chile, nacidos en familias ricas que se educan en colegios privados. La razón es simple: el gasto por alumno en colegios privados es de 2.772 dólares al año, mientras que el gasto público por alumno alcanza sólo a 600 dólares, vale decir cinco veces menos. Esta diferencia en recursos es la que facilita que los mejores profesores sean contratados por los colegios privados a los que se agrega infraestructura, bibliotecas y acceso a materiales de calidad. O sea, la desigual relación en la inversión entre colegios privados y aquellos financiados por el Estado explica en parte importante las brechas de rendimientos académicos de los estudiantes chilenos.

Salud y desigualdad

La desigualdad en salud es tan evidente como en la educación. La mortalidad infantil es catorce veces más alta en una ciudad situada en el sur del país como Puerto Saavedra que en una comuna de Santiago de altos ingresos como Vitacura.

La expectativa de vida en zonas pobres son entre diez a veinte años inferiores en comparación a las ricas. Dos tercios de las horas médicas se destinan al sistema privado que cubre menos de un tercio de la población. Los recursos que por persona destina Fondo Nacional de Salud FONASA para atender a sus cotizantes y a los indigentes son varias veces inferiores a los de las ISAPRES. Sin embargo, los costos de administración de éstas son varias veces superiores a los de FONASA.

Las desigualdades en las condiciones de salud entre pobres y ricos y en los recursos para enfrentarlas entre el sector privado y público son manifiestas. Pero, a ello se agrega otra desigualdad que se presenta en el propio sector privado. Las ISAPRES no atienden a las personas más vulnerables porque no les resulta rentable. Por ser precisamente un negocio no aceptan a ancianos, embarazadas y a las personas que tienen enfermedades catastróficas.

El Plan Auge fruto de una necesaria pero parcial reforma que buscaba ampliar la cobertura y el acceso a la salud durante el gobierno del Presidente Lagos, encontró tantas dificultades para su tramitación legislativa, resultando al final muy limitado el propósito de alcanzar una mayor solidaridad. En efecto, no se pudo lograr el objetivo que las personas de mayores recursos aportaran para el financiamiento de dicho plan.

Vulnerabilidad de los trabajadores y debilitamiento de sus organizaciones.

La lucha por mejorar la distribución del ingreso requiere de un movimiento sindical poderoso, altamente organizado y con capacidad de negociación colectiva. Lamentablemente el balance es que ha sucedido lo contrario durante los gobiernos de la Concertación, ya que los trabajadores sin contrato aumentaron progresivamente desde el 18% en 1990 al 25% en la actualidad. La disminución de la tasa de sindicalización en más de 5 puntos en el mismo período y la reducción del porcentaje de trabajadores que pueden negociar colectivamente en 6 puntos, es posible explicarse la debilidad en que se encuentran el movimiento de los trabajadores chilenos.

Los trabajadores se han visto afectados por una política empresarial que utiliza el subterfugio de hacer difusa la figura del empleador, utilizando numerosas razones sociales para eludir el pago de gratificaciones y cotizaciones previsionales. Junto a ello está el uso abusivo de la subcontratación –el denominado outsourcing– que en vez de utilizarse para funciones distintas a las normales (seguridad, aseo, etc.) se aplica en el giro oficial de la empresa. Con esta triquiñuela pueden coexistir en la empresa trabajadores que realizan las mismas labores, pero que pertenecen a una o varias empresas subcontratistas, lo que impide la sindicalización y la negociación colectiva. Gracias a estos mecanismos se establece una sucesión de contratos precarios de duración limitada, en los que, artificialmente, se les fija un término vinculado con un proceso productivo o una actividad que no corresponde con la realidad. Luego, vuelven a ser contratados, previo finiquito, completando un período de años sin estabilidad laboral. Con estos procedimientos y otros similares se ha acrecentado el trabajo precario en el país.

Las arbitrariedades patronales han sido y son controladas en una medida extraordinariamente limitada por el escaso número de inspectores del trabajo frente a una elevada suma de violaciones del Código del Trabajo.

Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se registraron algunos avances parciales en relación a los anteriores gobiernos de la coalición.

La ley de Subcontratación, la igualación del salario de las trabajadoras del hogar en relación al salario mínimo del conjunto de los trabajadores, así como el feriado para las trabajadoras del hogar constituyeron avances positivos.

Sin embargo, nuevamente se soslayó el compromiso contraído con el pueblo chileno en relación a una reforma laboral profunda. Esta vez, el argumento para no enfrentar el impulso de una transformación necesaria fue la crisis internacional del capitalismo estallada en el 2008.

Previsión y desigualdad

Las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP) nacieron bajo el discurso de la derecha y la tecnocracia liberal de que responderían a la crisis del sistema público y que, sobre la base de aportes individuales de los cotizantes, darían plena satisfacción a los jubilados de nuestro país. No ha sido así. En realidad, las AFP generaron jugosas y millonarias ganancias a sus dueños, construyendo lujosos edificios y pagando altos sueldos a sus ejecutivos. Esto ha sido posible gracias a la alta tasa de rentabilidad media anual de las AFP, que fue en el período 1997-2003 de 30%, más del doble que resto de las actividades económicas. Entretanto, la rentabilidad en favor de los cotizantes del sistema en el mismo período apenas supera el 6%, con cobros por administración cercanos al 20%.

Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se impulsó y se aprobó una reforma Previsional. Aquella reforma no buscó modificar estructuralmente el sistema de las AFP, sino más bien y coherente con la orientación de Estado subsidiario, estableció un llamado pilar solidario mediante un fondo en que el Estado cubre el total o un porcentaje de las pensiones de los jubilados que se encuentran bajo la línea de la pobreza.

Apertura internacional indiscriminada

Los tratados de libre comercio constituyeron para la Concertación gobernante un eje central y distintivo de su estrategia de desregulación y apertura indiscriminada. La apertura negociada con los países industrializados unida a una apertura unilateral muy radical ha profundizado e incrementará aún más, las desigualdades, por no aplicarse los resguardos correspondientes. En efecto, al no existir una política deliberada para avanzar a favor de la producción de bienes y servicios procesados las fuerzas de las ventajas comparativas reforzaran el patrón de especialización tradicional que caracteriza la estructura económica de Chile. Por tanto, sin un replanteamiento estratégico a nivel productivo, la inserción internacional por la que ha optado Chile ampliará su condición de exportador de recursos naturales y ha inhibido severamente la posibilidad de generar mayor actividad productiva en sectores de mayor valor agregado nacional. Ello limitará el crecimiento y la creación de empleo.

La apertura indiscriminada fue desarrollada con total ausencia de instrumentos de protección compensatorios frente a la baja de aranceles golpeando a sectores que no tenían y aún no cuentan con una adecuada capacidad competitiva, y sin atender debidamente la fragilidad de los pequeños empresarios manufactureros, colocando a los productores locales en situación de desprotección frente a exportadores mundiales.

Sistema Binominal y exclusión política para asegurar la reproductividad del modelo.

La exclusión política del Partido Comunista y de sectores anti sistémicos sociales y de otros sectores de izquierda socialista, fue materializada electoralmente por el sistema binominal impuesto y reproducida como sentido común mayoritario gracias a un férreo control conservador de los principales medios de comunicación.

Toda crítica o propuesta que apuntara a la transformación estructural del sistema imperante era invisibilizada o descalificada como una actitud o conducta política testimonial, marginal o irresponsable.

El sistema electoral binominal como mecanismo reproductor/garante de la Constitución neoliberal impuesta en los ochenta por la dictadura de Pinochet prevaleció en el Chile de la post dictadura. Impidiendo -como señala acertadamente el sociólogo peruano Nicolás Lynch al referirse a los procesos de transición en AL-que se cumpliera mínimamente la promesa de cualquier democracia representativa; esto es, que los sacrificios de la mayoría en los ámbitos de la economía y la sociedad sean recompensados por la igualdad en la política, lo que otorga al menos la esperanza de mejorar la situación de la sociedad en el futuro. En coherencia con lo anterior y pesar de algunas reformas importantes y positivas materializadas por los gobiernos de la Concertación, el dominio absoluto del mercado, permitido y reproducido por el Estado neoliberal, impidió la consolidación de la democracia chilena.

La Constitución de 1980 permitía la designación corporativa de un quinto de los senadores sin elección ciudadana; establecía un Consejo de Seguridad con facultades de decisión frente a eventos que se estimasen de peligro para el país; y, le impedía al Presidente reemplazar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Estas disposiciones constitucionales fueron recién eliminadas por el Parlamento en julio del 2005. Sin embargo, las reformas no incluyeron la abolición del sistema electoral binominal, que es la base de la desigualdad política y de la desafección ciudadana.

En efecto, el sistema electoral binominal cierra totalmente las puertas a la representación parlamentaria de la tercera fuerza y le entrega a la segunda fuerza un grado de representación que no le corresponde. Consecuentemente, dicho sistema tiene alta responsabilidad en la masiva ausencia del ejercicio ciudadano democrático, al convertir a las elecciones parlamentarias en un acto cuyos resultados están en gran medida predeterminados. Este hecho hace que las elecciones se decidan en los locales partidarios ya que en un alto porcentaje el diputado o senador elegido por alguno de los dos bloques políticos tendrá asegurada su silla en el Congreso.

La derecha se ha aferrado al sistema electoral binominal para asegurarse una representación parlamentaria que sería sustancialmente más baja en un sistema proporcional. Con ello ha establecido un veto parlamentario en su favor, que hace imposible impulsar los cambios que la sociedad demanda por mayor equidad y participación real. Pero, por otra parte, la Concertación tampoco hizo esfuerzos sistemáticos y reales por modificar el sistema electoral, ya que ello permite a los dirigentes tradicionales de sus partidos asegurar cuotas de poder e impedir el acceso de camadas jóvenes a las instancias de representación ciudadana y de dirección en el bloque de gobierno.

Socialismo, progresismo y crisis de representación

Durante los 20 años de Concertación el Partido Socialista de Allende abandonó su alianza histórica con el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda, reemplazándola por una alianza con la Democracia Cristiana, alianza autodenominada progresista que se constituyó sobre el abandono de la organización movilización social y ciudadana bajo una hegemonía ideológica y sobre todo programática de centro derecha tecnocrática construida sobre una amplia y singular transversalidad.

La crisis de representación generada por el binominal y 20 años de una democracia de baja intensidad oligarquizada, fue mutando el propio ADN histórico del PS, transformándose en un partido oficialista, superestructural y parlamentario, constituido mayoritariamente por funcionarios de gobierno. Su historia tiene poco que ver hoy con su orientación social liberal, administrada durante largos años por un reducido y autoritario grupo de ex izquierdistas de pasado ortodoxo aliados con liberales de pasado social demócrata.

El PS fue desangrándose políticamente por la izquierda y socialmente desde el mundo popular debido al alejamiento de miles de adherentes, militantes y dirigentes.

La expresión más cualitativa de su crisis culminó con el retiro de Jorge Arrate del PS, el que fuera su Presidente luego del proceso de reunificación socialista. Con mucha antelación Arrate había propuesto la necesidad de superar la Concertación y unir fuerzas en un nuevo Pacto democrático y popular para transformar el modelo de desarrollo neoliberal dominante de la post dictadura. En ese contexto, se sitúa su propuesta de una Asamblea Constituyente para una nueva constitución.

Durante las pasadas elecciones presidenciales el Partido Socialista apoyando al democratacristiano Eduardo Frei, profundizó su crisis programática, de representación e identidad al ser debilitado desde la izquierda por el ex Presidente del Partido Socialista Jorge Arrate, candidato presidencial de una renovada coalición de izquierda. Al mismo tiempo, se debilitó también su ala liberal debido a la candidatura del ex diputado Marco Enríquez Ominami proveniente también de sus filas. Arrate re domicilió políticamente al socialismo en la izquierda y Enríquez Ominami, autodefinido como “liberal progresista” capturó transversalmente parte importante del descontento generado entre los votantes de la coalición.

Como candidato presidencial Arrate, encabezó junto a los socialistas allendistas y otros sectores de izquierda una alianza con el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana, reinstalando nacionalmente un programa de futuro para la izquierda organizada en el Juntos Podemos y Frente Amplio.

A pesar de haber establecido por mutua necesidad un pacto instrumental electoral con la izquierda agrupada en el Juntos Podemos y el Frente Amplio, para perforar el sistema binominal, la Concertación sufrió una severa derrota electoral en primera vuelta.

Elecciones presidenciales: Frei reconoce temas de fondo pendientes luego de 20 años de gobiernos concertacionistas.

Luego de los resultados desfavorables en la primera vuelta para el candidato de la coalición gobernante, Eduardo Frei, la Concertación fue Incapaz de leer las señales del electorado y sus tendencias de fondo. Es decir, fue incapaz de romper el círculo oligárquico y de auto reproducción elitista que llevó a la coalición a su máximo deterioro, producto de una asimilación tecnocrática y sesgada en su práctica política y gestión de gobierno. Sin embargo, para enfrentar a la derecha la izquierda llamó a votar y trabajó activamente en segunda vuelta por el candidato Eduardo Frei.

Del diálogo y el intercambio de contenidos programáticos básicos entre los representantes de las candidaturas de Arrate y Frei, surgió la Carta “12 Compromisos por la Democratización y el avance Social de Chile” que dirigiera la candidatura de Eduardo Frei Ruiz-Tagle al ex candidato presidencial y a los partidos y movimientos de la izquierda chilena. Aquellos compromisos programáticos asumidos por el candidato de la Concertación permitieron a la izquierda convocar a sus electores a votar por Frei en segunda vuelta.

Probablemente, toda nuestra afirmación central respecto de la cohabitación binominal de la Concertación con la derecha en el marco de un sistema neoliberal durante sus años de gobierno, se resume en la primera propuesta contenida en la carta de Frei a la izquierda en la constatación de la necesidad de una Nueva Constitución política del Estado. Propuesta que recoge un tema central no abordado ni resuelto, luego de 20 años de gobierno, de una coalición autocalificada como progresista, al señalar que;

“Constatamos que las fuerzas de centro e izquierda, han planteado la necesidad de una nueva Constitución para Chile. Unos han propuesto que esto se haga mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, otros por mecanismos ratificados por la soberanía popular y otros mediante un proceso de diálogo social. Sin embargo, nos parece pertinente declarar que lo central es que aspiramos a que la nueva constitución tenga los siguientes contenidos: garantías sobre la proporcionalidad del sistema electoral que terminen con la exclusión generada por el sistema binominal; garantías sobre el derecho a voto de las chilenas y chilenos en el exterior; posibilidad de los dirigentes sindicales de ser candidatos al parlamento; reformas al Tribunal Constitucional para evitar que este ejerza un carácter co-legislador indebido; mayores facultades de iniciativa parlamentaria de ley; límites al concepto de Estado subsidiario para que no sea una barrera a la política de desarrollo productivo; restablecimiento del derecho del sector público sobre la constitución de empresas en áreas estratégicas para el desarrollo nacional; reconocimiento del carácter plurinacional y multicultural del Estado de Chile”.

En coherencia con una cohabitación binominal, luego de sostener que con su integración a la OCDE Chile ingresaba a las ligas mayores, la ex Presidenta Michelle Bachelet, tuvo que entregar la piocha del mando del libertador Bernardo O’Higgins a Sebastián Piñera, un empresario multimillonario, representante de la nueva derecha chilena. La alta popularidad de Bachelet no pudo ser transferida al candidato presidencial de su coalición ni tampoco a su propio partido en crisis de identidad. En el Chile actual de pensamiento único y de hegemonía conservadora, una popularidad mediática y transversal no debe ser confundida con un liderazgo transformador.

Luego de la derrota, sigue soslayándose el análisis de sus causas más profundas. Pareciera que para la coalición y sus partidos la derrota tuvo que ver con la falta de sintonía respecto de su candidato. Ella hubiese tenido que ver también con errores en sus procedimientos y métodos, más que con el no cumplimiento de sus compromisos de transformación de la sociedad chilena respondiendo a los anhelos del pueblo chileno.

Los social demócratas y social liberales acostumbran a formular propuestas y tener discursos "izquierdistas" cuando se encuentran en la oposición, pero cuando forman parte del ejecutivo, gobiernan asumiendo y administrando el programa económico de la derecha. Tal como ocurrió con la mayor parte de los dirigentes que por 20 años han dominado y administrado la política del PS y el PPD en los gobiernos de la Concertación.

Hoy se hace necesario reconstruir puentes para forjar una oposición anti derecha amplia y unitaria, pero resulta indispensable también que en el seno de una oposición actuando unida se reconfigure y constituya una izquierda fuerte para fortalecer en lo social, político y cultural una oposición anti sistémica y anti modelo pues enfrentar las desigualdades en Chile se ha convertido en un desafío ético, económico, político y cultural de la mayor importancia.

Lo anterior, incluye modificar estructuralmente el rumbo de lo que la actual dirigencia del socialismo y sectores autodenominados progresistas califican como la "obra maciza de los gobiernos de la Concertación". De lo contrario más allá de la retórica que se formule desde una nueva y heterogénea oposición seguiremos con la cohabitación binominal, que ha reproducido durante los últimos 20 años el actual modelo de desarrollo y su institucionalidad.


Esteban Silva Cuadra

Presidente Comité Ejecutivo Nacional Partido del Socialismo Allendista de Chile.

Sociólogo, Director de Relaciones Internacionales del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales. Posgrados (ILAES, Posgrados).

Encargado de Relaciones Internacionales Movimiento Amplio de Izquierda, MAIZ

Ex Director Ejecutivo Nacional de la Campaña Presidencial de Jorge Arrate.