Lo que se disputa políticamente hoy en Venezuela no es simplemente un cambio de gobierno, sino la existencia misma de la democracia venezolana. Es lo mismo de Chile del 73, la caída por el golpe militar del Presidente Salvador Allende no trajo un relevo democrático sino la más feroz dictadura.
El sistema de dominación (oligarquía nativa e imperialismo) no puede conformarse con la caída de un gobierno que representa a un pueblo, la obra se consuma masacrando los sectores más conscientes de ese pueblo, y aterrorizando con la violación masiva de sus DDHH al resto. Al golpe sigue el terrorismo de estado inexorablemente.
El gobierno bolivariano de Venezuela ha sido víctima de varios intentos golpistas. En el primero secuestraron al presidente Hugo Chávez Frías, y llegaron a jurar, por sí y ante sí, sus nuevos poderes dictatoriales en el propio Palacio de Gobierno de Miraflores, a los pocos meses sabotearon en gran escala la producción petrolera, y casi hicieron colapsar la economía y el estado, el rasgo central y dominante del accionar opositor ha sido el golpismo con la estrecha colaboración de los organismos de inteligencia norteamericanos.
Esta táctica los chilenos la conocemos bien: se provoca el desabastecimiento de productos básicos, se saca el lumpen y los hijitos de papá a la calle, se provocan muertos, heridos, e inseguridad y luego se acusa a las autoridades legítimas de desgobierno, desde los medios de prensa se exige libertad y democracia, y simultáneamente se instiga el golpe de estado, la violencia y la confrontación.
Se difunde distorsionadamente la imagen del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como una dictadura implacable, pero no se dice, por ejemplo, que ninguno de los golpistas que secuestraron a Hugo Chávez y usurparon funciones en el palacio Miraflores, fué condenado por los tribunales venezolanos. Corina Machado ha insultado al presidente de la república, llamándolo “ladrón”, por las expropiaciones legales, y no se encuentra en prisión. No se dice que la mayoría de los grandes medios de comunicación los controla la oposición, y que ésta no es capaz de sacar al gobierno por la vía electoral.
En los últimos tiempos han reemprendido la ofensiva golpistas causando pérdidas de vidas humanas, entre ellas una chilena y bolivariana, a la que le reventaron el cráneo con un arma de fuego. Uno de los instigadores públicos de estos hechos, Leopoldo López fue sometido a proceso y prisión preventiva.
Los sectores de la ultraderecha latinoamericana han convocado a un “seminario” sobre “democracia” y han agitado las cosas en favor del procesado, entre los participantes está nuestro compatriota Sebastián Piñera, cuya visión de los Derechos Humanos es tan particular que defendió públicamente la liberación del dictador Pinochet cuando éste estaba preso en Londres. Desde Chile los partidarios de Piñera, que fueron también funcionarios de la dictadura chilena le avivan la cueca.
En este contexto, dirigentes de partidos de historia y denominación de izquierda que forman parte del conglomerado de gobierno llamado Nueva Mayoría, han emitido una declaración que se suma políticamente a las agresiones a Venezuela.
Todas las opiniones políticas son respetables, pero la declaración en comento incurre en una inaceptable agresión, sibilina y encubierta, como han aprendido algunos en su nuevo domicilio político, que no se compadece con la realidad de los hechos.
Luego de una serie de expresiones melosas se descarga la adhesión a la oligarquía venezolana, a la derecha chilena y a su mandante imperial. En los párrafos claves se lee:
"5. Los derechos humanos en su integralidad, incluidos los derechos económicos, sociales y políticos constituyen un patrimonio de toda la humanidad. La izquierda y el progresismo en todo el mundo han incorporado estos valores y principios como ejes sustantivos de su pensamiento y de su actuar. Confiamos en que el gobierno venezolano pueda perseverar en la dirección de ampliar y profundizar la vigencia de estas normas universales e imprescriptibles".
Aquí el ataque es sibilino pero no carece de nitidez. Se “confía” en que el gobierno venezolano pueda seguir respetando los Derechos Humanos. Si hay confianza y no certeza, es que algo ya debe estar haciendo el gobierno revolucionario de Caracas en una dirección contraria, la acusación sin fundamento queda implícita. En el argot de la diplomacia y la política esto es clarísimo.
El eje de la carta se lee en el párrafo correspondiente así:
"6. Bajo estas premisas, toda persona encarcelada, incluso quienes permanecen en prisión bajo graves cargos criminales de connotación política, tienen derecho a un juicio justo y pronto y a que sus prerrogativas individuales sean debidamente cauteladas y respetadas. A este respecto, instamos al Gobierno de Venezuela a contribuir para que los dirigentes políticos opositores que están en prisión sean prontamente juzgados. Y en su caso, en el evento en que los delitos por los que están encausados no sean debidamente establecidos, se proceda a su liberación efectiva".
Este “recordatorio” sobre “juicio justo y pronto” sólo tiene sentido respecto de un estado que no cumple con esta obligación democrática. Endilgarla al gobierno de Caracas que tiene un poder judicial independiente, al punto de que no hay más golpistas presos, y que lleva a los tribunales los asesinatos de sus propios partidarios, incluído un diputado, es injusto en grado sumo y una adhesión a la política internacional de la derecha chilena. Se “insta” al gobierno de Caracas a un juicio “pronto y justo”, esto sólo puede leerse como que hay víctimas de persecución política sin juicio pronto y justo. Donde está el asidero, el fundamento de esta grave acusación’.
Hay que recordarles a estos políticos profesionales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctrina y el Código Procesal Penal chileno coinciden en que el plazo para llevar a juicio a una persona es de dos años, y que por ende, su alegato en favor del golpista Leopoldo López, sin que se cumpla ni siquiera la mitad de este plazo es improcedente desde todo punto de vista y conlleva una inaceptable acusación implícita. Pedirle al gobierno venezolano resoluciones sobre investigaciones penales a cargo de otras instituciones independientes es una falta de respeto a dichas instituciones.
Los firmantes de la declaración dejan establecido en ella misma que actúan bajo la presión de los compromisos de la coalición neoliberal en la que han asumido cargos menores. Así podemos leer:
"En cuanto a Chile, advertimos que la cuestión venezolana, siendo un asunto controvertido que suscita opiniones encontradas, de ninguna manera debe convertirse el tema que dé lugar a conflictos, especialmente al interior de la Nueva Mayoría".
En todo caso el riesgo de conflicto se diluye a partir de la adhesión que ellos mismos hacen a la táctica y estrategia de la democracia cristina y de la Internacional Socialdemócrata, o mal llamada Internacional Socialista y de la internacional de la derecha UPLA, en una agresión que no es sólo contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro y del PSUV, sino y antes que nada, a la democracia y el Estado Bolivariano y Venezolano.
Dirección Nacional del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile.
ESTEBAN SILVA CUADRA
ROBERTO AVILA TOLEDO
RODRIGO LOYOLA
CARLOS MOYA URETA
RUBEN YOCELESKY
ROCÍO ALVARADO
El sistema de dominación (oligarquía nativa e imperialismo) no puede conformarse con la caída de un gobierno que representa a un pueblo, la obra se consuma masacrando los sectores más conscientes de ese pueblo, y aterrorizando con la violación masiva de sus DDHH al resto. Al golpe sigue el terrorismo de estado inexorablemente.
El gobierno bolivariano de Venezuela ha sido víctima de varios intentos golpistas. En el primero secuestraron al presidente Hugo Chávez Frías, y llegaron a jurar, por sí y ante sí, sus nuevos poderes dictatoriales en el propio Palacio de Gobierno de Miraflores, a los pocos meses sabotearon en gran escala la producción petrolera, y casi hicieron colapsar la economía y el estado, el rasgo central y dominante del accionar opositor ha sido el golpismo con la estrecha colaboración de los organismos de inteligencia norteamericanos.
Esta táctica los chilenos la conocemos bien: se provoca el desabastecimiento de productos básicos, se saca el lumpen y los hijitos de papá a la calle, se provocan muertos, heridos, e inseguridad y luego se acusa a las autoridades legítimas de desgobierno, desde los medios de prensa se exige libertad y democracia, y simultáneamente se instiga el golpe de estado, la violencia y la confrontación.
Se difunde distorsionadamente la imagen del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como una dictadura implacable, pero no se dice, por ejemplo, que ninguno de los golpistas que secuestraron a Hugo Chávez y usurparon funciones en el palacio Miraflores, fué condenado por los tribunales venezolanos. Corina Machado ha insultado al presidente de la república, llamándolo “ladrón”, por las expropiaciones legales, y no se encuentra en prisión. No se dice que la mayoría de los grandes medios de comunicación los controla la oposición, y que ésta no es capaz de sacar al gobierno por la vía electoral.
En los últimos tiempos han reemprendido la ofensiva golpistas causando pérdidas de vidas humanas, entre ellas una chilena y bolivariana, a la que le reventaron el cráneo con un arma de fuego. Uno de los instigadores públicos de estos hechos, Leopoldo López fue sometido a proceso y prisión preventiva.
Los sectores de la ultraderecha latinoamericana han convocado a un “seminario” sobre “democracia” y han agitado las cosas en favor del procesado, entre los participantes está nuestro compatriota Sebastián Piñera, cuya visión de los Derechos Humanos es tan particular que defendió públicamente la liberación del dictador Pinochet cuando éste estaba preso en Londres. Desde Chile los partidarios de Piñera, que fueron también funcionarios de la dictadura chilena le avivan la cueca.
En este contexto, dirigentes de partidos de historia y denominación de izquierda que forman parte del conglomerado de gobierno llamado Nueva Mayoría, han emitido una declaración que se suma políticamente a las agresiones a Venezuela.
Todas las opiniones políticas son respetables, pero la declaración en comento incurre en una inaceptable agresión, sibilina y encubierta, como han aprendido algunos en su nuevo domicilio político, que no se compadece con la realidad de los hechos.
Luego de una serie de expresiones melosas se descarga la adhesión a la oligarquía venezolana, a la derecha chilena y a su mandante imperial. En los párrafos claves se lee:
"5. Los derechos humanos en su integralidad, incluidos los derechos económicos, sociales y políticos constituyen un patrimonio de toda la humanidad. La izquierda y el progresismo en todo el mundo han incorporado estos valores y principios como ejes sustantivos de su pensamiento y de su actuar. Confiamos en que el gobierno venezolano pueda perseverar en la dirección de ampliar y profundizar la vigencia de estas normas universales e imprescriptibles".
Aquí el ataque es sibilino pero no carece de nitidez. Se “confía” en que el gobierno venezolano pueda seguir respetando los Derechos Humanos. Si hay confianza y no certeza, es que algo ya debe estar haciendo el gobierno revolucionario de Caracas en una dirección contraria, la acusación sin fundamento queda implícita. En el argot de la diplomacia y la política esto es clarísimo.
El eje de la carta se lee en el párrafo correspondiente así:
"6. Bajo estas premisas, toda persona encarcelada, incluso quienes permanecen en prisión bajo graves cargos criminales de connotación política, tienen derecho a un juicio justo y pronto y a que sus prerrogativas individuales sean debidamente cauteladas y respetadas. A este respecto, instamos al Gobierno de Venezuela a contribuir para que los dirigentes políticos opositores que están en prisión sean prontamente juzgados. Y en su caso, en el evento en que los delitos por los que están encausados no sean debidamente establecidos, se proceda a su liberación efectiva".
Este “recordatorio” sobre “juicio justo y pronto” sólo tiene sentido respecto de un estado que no cumple con esta obligación democrática. Endilgarla al gobierno de Caracas que tiene un poder judicial independiente, al punto de que no hay más golpistas presos, y que lleva a los tribunales los asesinatos de sus propios partidarios, incluído un diputado, es injusto en grado sumo y una adhesión a la política internacional de la derecha chilena. Se “insta” al gobierno de Caracas a un juicio “pronto y justo”, esto sólo puede leerse como que hay víctimas de persecución política sin juicio pronto y justo. Donde está el asidero, el fundamento de esta grave acusación’.
Hay que recordarles a estos políticos profesionales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctrina y el Código Procesal Penal chileno coinciden en que el plazo para llevar a juicio a una persona es de dos años, y que por ende, su alegato en favor del golpista Leopoldo López, sin que se cumpla ni siquiera la mitad de este plazo es improcedente desde todo punto de vista y conlleva una inaceptable acusación implícita. Pedirle al gobierno venezolano resoluciones sobre investigaciones penales a cargo de otras instituciones independientes es una falta de respeto a dichas instituciones.
Los firmantes de la declaración dejan establecido en ella misma que actúan bajo la presión de los compromisos de la coalición neoliberal en la que han asumido cargos menores. Así podemos leer:
"En cuanto a Chile, advertimos que la cuestión venezolana, siendo un asunto controvertido que suscita opiniones encontradas, de ninguna manera debe convertirse el tema que dé lugar a conflictos, especialmente al interior de la Nueva Mayoría".
En todo caso el riesgo de conflicto se diluye a partir de la adhesión que ellos mismos hacen a la táctica y estrategia de la democracia cristina y de la Internacional Socialdemócrata, o mal llamada Internacional Socialista y de la internacional de la derecha UPLA, en una agresión que no es sólo contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro y del PSUV, sino y antes que nada, a la democracia y el Estado Bolivariano y Venezolano.
ESTEBAN SILVA CUADRA
ROBERTO AVILA TOLEDO
RODRIGO LOYOLA
CARLOS MOYA URETA
RUBEN YOCELESKY
ROCÍO ALVARADO
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